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En relación a la Corrupción entre Particulares en Venezuela, a pesar de que han transcurrido 3 años de que fue incorporado como delito a la legislación de ese país, no existe algún precedente jurisprudencial en esa materia. Este problema es en buena parte causado por el desconocimiento y la falta de voluntad acerca de la regulación de este tipo de corrupción.

El antecedente más global de la regulación de la Corrupción entre Particulares es la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, la cual fue aprobada por Venezuela según ley del 23 de mayo de 2005. En dicha convención la Corrupción entre particulares, está prevista en el artículo 21 referido al soborno en el sector privado.

El antecedente en Venezuela lo encontramos en la Ley Antimonopolio de noviembre de 2014 en Venezuela se entenderán como prácticas desleales, la publicidad engañosa, la simulación o imitación, el soborno comercial y la ventaja adquirida por violación de normas.

Para dicha ley se considera soborno comercial cuando un agente económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contra prestación; con la finalidad de obtener beneficios para su empresa, que en ausencia de dicha práctica no lograría.

Los anteriores textos sirvieron de antesala a la inclusión del tipo penal de la corrupción privada en la Ley de Precios Justos de 2012 y después en la Ley contra la Corrupción de 2014, específicamente en el artículo 47, que establece lo siguiente:

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.(…).

Autor: Alberto Jurado aljurado.com