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En sentencia del 19 de febrero de 2009 (Caso: Julio César Pérez), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha definido lo que se conoce como amparo contra Juez Constitucional del siguiente modo:

Ahora bien, para decidir se observa:

De la lectura de los autos, se evidencia que lo pretendido por el quejoso, es la impugnación de una sentencia de amparo, por lo que estamos en presencia de lo que la doctrina ha denominado “amparo contra amparo”; es decir, en el presente caso, estamos en presencia de una solicitud de tutela constitucional contra una decisión judicial recaída en un juicio de amparo constitucional previamente instaurado.

En tal sentido, esta Sala aprecia que, en el referido juicio de amparo constitucional, el ciudadano Julio César Pérez agotó la doble instancia que contempla la ley. De allí que, de los alegatos que plantea, se desprende claramente que, al manifestar la pretensión sub lite, procura reabrir el debate previamente decidido, pretendiendo el examen de los hechos y del derecho que llevaron al Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a librar el 22 de mayo de 2008, mandamiento de ejecución forzosa, decretando en consecuencia, la entrega del inmueble que ocupa dicho ciudadano como arrendatario.

Sobre este particular, es abundante la doctrina jurisprudencial que emana de esta Máxima Juzgadora. Así, mediante decisión dictada el 2 de marzo de 2000, (caso: Francia Josefina Rondón Astor), la Sala asentó lo siguiente:

“(…omissis…)

Al quedar agotada la vía del amparo (…) es imposible ejercer tal mecanismo de protección en contra de una sentencia de amparo firme, por cuanto se crearía una cadena interminable de acciones de amparo, vulnerándose así el principio de la doble instancia -lesionando a su vez la seguridad jurídica-, quedando desvirtuada la esencia breve y expedita que inviste el proceso de amparo”.

Aunado a lo anterior, ha sido criterio de esta Sala que, el ejercicio del “amparo contra amparo” solo se justifica en aquellos casos en que las violaciones a los derechos constitucionales se deriven directamente de la sentencia dictada por el juez en sede constitucional, es decir, que los elementos que configuren las violaciones a los derechos o garantías constitucionales sean distintos de los que fueron sometidos a revisión, en la decisión de la acción de amparo primariamente decidida, y que hayan surgido, como consecuencia del curso del procedimiento de amparo, donde necesariamente debe configurarse lo exigido por la norma contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el sentido de que el juez presunto agraviante haya actuado fuera de su competencia, con abuso de autoridad o usurpación de funciones.

El anterior supuesto, tal y como se desprende del análisis de los autos, no se configura en este caso particular, en el que las denuncias del accionante, evidencian, como antes se dijo, su voluntad de reabrir lo ampliamente decidido en el curso de un juicio anterior, en el cual además, advierte la Sala, se cumplieron los extremos legales, no detectándose lesiones de orden constitucional.

Observa la Sala, que las denuncias del quejoso en la presente solicitud de tutela constitucional, reproducen los alegatos que formuló en el proceso de amparo que originó la decisión impugnada. En efecto, se determinó que el mismo se limitó a exponer, que la violación a sus derechos a la vivienda, defensa, debido proceso y acceso a la justicia, por parte de la decisión del Juzgado presunto agraviante, proviene de la falta de notificación sobre la venta efectuada por la sociedad mercantil INES, C.A., y consecuente subrogación de la ciudadana Carmen Josefina Oliveros Chacón como arrendadora del apartamento objeto de desalojo, hecho éste que quedó desvirtuado en el texto de la decisión impugnada.

En abundancia, esta Sala constata que las delaciones efectuadas por el ciudadano Julio César Pérez, no difieren de las que fueron objeto de la controversia constitucional decidida, situación que evidencia que la parte actora pretende, como ya se señaló, reabrir el debate original ya decidido, razón por la cual este Alto Tribunal, congruente con la doctrina asentada en casos similares (vid. entre otras, sentencias núms. 2127/2002 del 29 de agosto, caso: Latin Chemical Products, S.R.L.; 2856/2002 del 20 de noviembre, caso: Julio César Hernández Colmenares; 1017/2005 del 26 de mayo, caso: Taller de Reconstrucción Cheo, S.R.L.; 149/2008 del 26 de febrero, caso: Pedro Celestino Pérez; 221/2008 del 28 de febrero, caso: Plinio Antonio Mogollón Liendo; 883/2008 del 30 de mayo, caso: Mélida Ysmalí Orellana y, 1167/2008 del 11 de julio, caso: Brodayme Vivenes Torres.), debe forzosamente declarar improcedente in limine litis la presente acción de amparo, y así se declara…”.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com