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Arresto Domiciliario se Asimila a la Privación de Libertad

La equiparación del arresto domiciliario con la privación judicial preventiva de libertad, es real aunque no absoluta y debe ser circunscrita.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en Sala Constitucional, en decisiones de fecha 4 de abril de 2001, Exp. 01-0236 y 6 de mayo de 2003, Exp. 02-1818, con ponencias de los magistrados Antonio García García y José Manuel Delgado Ocando, respectivamente, ha estimado que ciertamente el arresto domiciliario, se asimila a una privación judicial de libertad, en los siguientes términos:

“…En atención a lo expuesto, esta Sala está conteste con los razonamientos expuestos por la Corte de Apelaciones, en virtud de que la medida sustitutiva de detención domiciliaria, concedida a las solicitantes por el Tribunal de Control es Privativa de Libertad, pués solo (sic) supone el cambio de sitio de reclusión del imputado, y no la libertad del mismo…”.

Tribunal Supremo de Justicia (Sala Constitucional), decisión de fecha 4 de abril de 2001, Exp. 01-0236, Ponencia de Antonio García García.

“…No obstante lo anterior, la Sala ha sostenido que la medida cautelar de detención domiciliaria otorgada a los imputados por el Juez de Control de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numeral 1 del Código Organico (sic) Procesal Penal, es privativa de libertad, pues solo (sic) involucra el cambio de centro de reclusión preventiva y no comporta la libertad de los mismos…”.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (Sala Constitucional), en decisión de fecha 06 de mayo de 2003, Exp. 02-1818, Ponencia de José Manuel Delgado Ocando.

Empero, como lo dijimos, a pesar que la equiparación es real, no es absoluta y se han especificado sus efectos al cómputo del decaimiento de la medida de coerción personal por haber transcurrido más de dos años sin que se celebrase el juicio oral y público (Sala Constitucional, sentencia Nro. 1145, del 10 de agosto de 2009) y definitivamente no se tomará en cuenta el tiempo de reclusión en el domicilio del imputado para el cumplimiento de la pena impuesta, así como para el otorgamiento de cualquier beneficio o medida solicitada por un condenado o penado (Sentencia de la Sala Constitucional Nro. 1630 del 11 de agosto de 2006).

Pese a lo anterior no ha variado el criterio del máximo tribunal en cuanto a que la detención en el domicilio del imputado solo es un cambio de sitio de reclusión y no implica la libertad del mismo, siendo así el arresto domiciliario es una privación de libertad con un sitio de reclusión distinto a los comúnmente utilizados, por lo que el Juzgador debería observarlo con la misma excepcionalidad que la Privación Judicial Preventiva de Libertad, ya que el propósito del legislador está orientado a permitir la mayor “libertad” posible para el procesado que es considerado como inocente y así tiene derecho a ser tratado.

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