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En Venezuela se regula la competencia desleal por medio de la Ley Antimonopolio de 2014, la cual es aplicable tanto para el sector público como para el privado, tanto para empresas nacionales o extranjeras que tengan actividad económica en ese país.

Según la mencionada normativa se prohíben las acciones que restrinjan la competencia económica e inciten a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios, impedir su adquisición o prestación, no vender materias primas o insumos, o prestar servicios a otros, esto incluye toda conducta tendiente a manipular los factores de producción, distribución, comercialización, desarrollo tecnológico o inversiones, en perjuicio de la competencia económica.

En cuanto a los acuerdos y decisiones concertadas por un sector, serán nulos los acuerdos o decisiones tomados en asambleas que contradigan la Ley Antimonopolio de Venezuela, tales como fijar de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o de servicio; Limitar la producción, la distribución, comercialización y el desarrollo técnico o tecnológico; Restringir inversiones para innovación, investigación y desarrollo; Repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento entre competidores; Aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros; Subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.

Acerca de la competencia desleal en Venezuela se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, además para determinar la existencia de una práctica desleal, según la Ley del mencionado país no se requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, así como tampoco que el acto haya generado un daño efectivo en perjuicio de otro competidor, de los consumidores o del orden público económico, esto quiere decir que para aplicar las sanciones solo basta constatar la potencialidad de daño.

En este mismo sentido serán sancionados los hechos, actos o prácticas desleales, dirigidos a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia económica, atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general y los derechos de los consumidores o usuarios y de los productores.

La mencionada Ley Antimonopolio considera prácticas desleales a la publicidad engañosa, es decir todo acto que tenga por objeto, real o potencial, inducir a error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las características fundamentales de los mismos, su origen, composición y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la publicidad que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bienes o servicios que no fueren veraces y exactas, que coloque a los agentes económicos que los producen o comercializan en desventaja ante sus competidores.

Se considerará también como práctica desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas o engañosas, imitación de empaques o envoltorios y por último el soborno comercial, que ocurre cuando un agente económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contraprestación.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com