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El Código Penal Español de 2010, regula la “Corrupción entre Particulares”, trasladando las conductas constitutivas del cohecho en la Administración Pública al ámbito privado, es decir se termina con la falsa creencia de que el delito de corrupción es exclusivo de la función pública.

En 2012, la Ley de precios justos de Venezuela estableció la corrupción privada y en 2014 la Ley contra la Corrupción, la incluyó en su contenido, pero de la lectura de esos artículos se observa el parecido con el Código Penal de España, cuyo artículo 286 establece:

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años (…).

La Ley de Precios Justos de 2012, establecía que:

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.

La Ley contra la Corrupción de 2014, repitió el presunto plagio en el artículo 47, del siguiente modo:

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.

Afortunadamente aunque copiado, la regulación de la corrupción entre particulares, resulta de gran importancia en la legislación penal de Venezuela, ya que se se trata de proteger la transparencia en la competencia, intentado evitar conductas que afecten el normal desenvolvimiento de la actividad empresarial.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com