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La criminalidad organizada, se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico español que prevé los delitos de Asociaciones Ilícitas,  su actual formulación es sistemática, es decir que va dirigida a personas con determinado comportamiento, además es necesario acotar que con el tiempo ha tenido notables modificaciones en su previsión y entendimiento y su actual configuración, de hecho, obedece a la última reforma de 2010.

El delito de asociaciones ilícitas, ha padecido con el tiempo diversas reformas con el fin de restringir su origen y ámbito tradicional de aplicación,  de ahí que, tras contar con un ámbito especialmente extenso e indeterminado, para su utilización como instrumento represivo, a partir de la consolidación del sistema democrático en España, paulatinamente fuera perdiendo su significación “política”, para englobar de manera cada vez más evidente fenómenos claramente relacionados con la criminalidad organizada.

La delincuencia organizada, es un delito con una escasa aplicación jurisprudencial, tal circunstancia obedece, sin duda, por la dificultad que implica precisar en la configuración de estos delitos:

  • La precisión de su ámbito de aplicación;

  • El bien jurídico que se pretende tutelar;

  • La diferencia entre los actos preparatorios y las formas de codelincuencia;

  • La inconsistente doctrina jurisprudencial, que en unas ocasiones por abundancia y en otras por desperfecto han motivado una aplicación contradictoria.

En primer lugar se definen las asociaciones ilícitas en el que se mantienen cuatro modalidades distintas, siendo las que se contienen en su número primero las más importantes desde el punto de vista práctico, por comprender las formas más comunes de “delincuencia organizada” y ser las que con mayor frecuencia se desenvuelven en el ámbito de la delincuencia económica.

Sobre esta definición general, procede el legislador a perfilar los concretos tipos delictivos, las conductas penalmente prohibidas y sancionadas, que se determinan en los artículos 517 en el que se prevé el castigo de los “fundadores, directores y presidentes” de las asociaciones, así como de los “miembros activos” de las mismas.

Respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, podemos decir que la criminalidad organizada en el ámbito de la delincuencia económica precisa utilizar las estructuras organizativas y los servicios legales que son imprescindibles para el desarrollo de cualquier actividad mercantil sea legal o ilegal: consejeros, asesores fiscales, abogados, técnicos de mantenimiento de sistemas informáticos, locales de negocios, o solicitud de créditos, entre otros. En este sentido, se presume, que las organizaciones criminales se valen de cualquier  prestación económica y jurídica para opacar los beneficios ilegales a través de empresas legales, sociedades pantalla o corrompiendo a las propias instituciones financieras en razón de esto el legislador debe tomar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, como la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com