Defensa Penal

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El derecho a la defensa se encuentra establecido en el ordinal 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así:

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.

El Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela considera la defensa penal como un derecho inviolable, garantizándolo desde los primeros actos de cualquier proceso penal, incluso en la sede policial,

Según el artículo 253 de la Constitución Nacional de Venezuela, los abogados forman parte del sistema de Justicia, junto al Tribunal Supremo, los demás tribunales de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, entre otros.

La presencia de la defensa penal es obligatoria en todas las audiencias del proceso penal (Imputación, preliminar, juicio) y su ausencia hará nula la declaración del investigado o imputado.

Para que los abogados pueden ejercer la defensa penal en un proceso deben ser designados expresamente por el interesado ante un Juez, sin que sea necesaria ninguna formalidad, éste los hará jurar cumplir bien y fielmente ese cargo.

Las oficinas de los abogados defensores no podrán ser objeto de allanamiento sino únicamente cuando se trate de la investigación de delitos que se les atribuyan a ellos mismos y no a sus clientes.

Cuando que el cliente no tenga suficientes recursos económicos para pagar una defensa penal privada, El Estado venezolano le asignará un defensor publico, quien le brindará asistencia jurídica gratuita.