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Esta es la segunda parte del artículo Delitos Económicos en Venezuela que estaba referida a los delitos económicos de protección al consumidor, ahora continuaremos en la misión de ubicar y comentar acerca de aquellas conductas que han sido denominadas por la doctrina y jurisprudencia penal como delitos de orden económico, específicamente en Venezuela, partiendo de la necesaria definición de Derecho Penal, para luego pasar a la definición de una de sus ramas como es el Derecho Penal Económico, siendo que los delitos económicos constituyen el contenido de éste y finalmente luego de hacer un interesante recorrido histórico por la evolución de las leyes penales en Venezuela desde Bolívar hasta llegar a la actualidad, adentrándonos en la abundante y dispersa legislación Venezolana, encontrando aunque no precisamente bajo esa denominación muchos de estos delitos en el código penal y en leyes especiales penales y no penales, en las cuales se repiten en muchos casos conductas tipificadas en la ley penal general Venezolana que las tenía previstas desde su implementación en este país.

En Venezuela, la Constitución Nacional en su artículo 114 establece: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”.

El mencionado artículo es el marco de regulación de los delitos económicos y si bien es cierto en nuestro país no existe un texto normativo especial para regular los delitos económicos, al realizar un análisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislación sustantiva penal, están descritos tipos penales que atentan contra el orden económico, siendo éstos los que forman parte del derecho penal económico tal como se dijo anteriormente. Así tenemos que los delitos de orden económico que encontramos en nuestra legislación son los siguientes:

Captación indebida.

En opinión de Granadillo (2008, p.16):

“las acciones punibles previstas en este tipo penal adolecen de serios errores de técnica legislativa que atentan contra el principio de tipicidad inequívoca, siendo capaces de inducir en graves errores a los operadores de justicia ante conductas descritas en forma tan amplia e imprecisa. Así, por ejemplo, la captación de  recursos del público de manera habitual está concebida bajo una redacción amplísima e imprecisa, capaz de subsumir dentro del tipo penal diversas conductas que no guardan relación exclusiva con la actividad bancaria, circunstancia que desvirtúa la finalidad de la norma. Por otra parte, es necesario destacar que la intermediación financiera ilícita requiere, en un primer orden, la captación de recursos y, en segundo orden la colocación de los referidos recursos a través de cualquiera de los instrumentos destinados a tal fin; es decir, el proceso ejecutivo del delito de intermediación financiera requiere necesariamente la comisión concurrente de ambas etapas, pues de lo contrario tan solo estaríamos ante la presencia del delito de captación de recursos”.

Apropiación o Distracción de Recursos de Instituciones Financieras.   

En lo que concierne al delito de Apropiación o Distracción de Recursos de Instituciones Financieras, es preciso mencionar las consideraciones expresadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, en fecha 27 de mayo de 2011, en relación a la situación jurídica presentada por la sucesión de leyes que regulan el sistema bancario, siendo que la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada el 28 de diciembre de 2010, en Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 6.015, en su artículo 213, al referirse al delito de Apropiación o Distracción de Recursos de Instituciones Financieras, incurrió en la omisión de los verbos rectores derivado del nombre de dicho tipo penal”, sin embargo situación que se subsano con el  vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en Gaceta Oficial número 39.527 del 02 de marzo de 2011.

Defraudación Tributaria.  

En opinión de Vásquez (2006, p.418):

“nuestra legislación tributaria general comete defraudación el que por mecanismo de simulación, ocultamiento, maniobras o cualquier forma de engaño, obtenga para sí o para un tercero un provecho indebido a expensas del sujeto activo de la obligación Tributaria.

El Fraude a la ley tributaria, se produce cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria, obtiene un ahorro fiscal con fundamento a una ley tributaria, aplicando la forma jurídica para un fin distinto, para la cual la norma jurídica fue específicamente creada. Se trata de la obtención de resultados económicos a través de la utilización de mecanismos jurídicos no gravados o gravados en cuantía distinta a los mecanismos racionales a la actividad normal. En estos casos, la norma jurídica aplicable en forma normal se deja de lado causando el fraude a la ley con el objeto de reducir o eliminar la carga tributaria y, se utiliza la norma jurídica que permite en forma anormal realizar las actividades y así obtener ventajas fiscales”.

Como afirma Ibarra (2006, p.52):

“no nos olvidemos que el fraude ha existido desde siempre, acompaña a la propia naturaleza y únicamente consideramos reciente la conciencia de ser un problema unitario. La forma antigua arranca de la compilación justinianea en la que se logra una definición general de fraus legis, sin que esto suponga la recepción de un tratamiento unitario del fenómeno. El concepto Antiguo de fraude supone que el acto o contrato en cuestión, respetando la letra de la ley, viola su espíritu, sin que ello dejara de aplicarse la referida ley”.

Sigue explorando nuestra web tenemos el mejor análisis de los delitos económicos como por ejemplo el delito de Corrupción Privada.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com