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La Ley del Trabajo en los casos de Desacato del Reenganche tiene establecida pena de arresto, a continuación presentamos las disposiciones que establecen sanciones penales en dicho texto legal:

En casos de despidos y procesos de estabilidad laboral, el artículo 91 de la LOTTT establece una sanción penal de arresto siempre y cuando el patrono no cumpla con la orden de la autoridad judicial de reinsertar al trabajador a la empresa y al pago de los salarios caídos.

Pena: Arresto de 6 a 15 meses.

El artículo establece que definitivamente firme la sentencia del Juez o Jueza de Juicio que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el trabajador o trabajadora, se procederá su reenganche y al pago de los salarios caídos durante el procedimiento y hasta la efectiva reincorporación del trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo. El patrono deberá cumplir voluntariamente con la sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación. Si el demandado o demandada se negare a cumplir con la orden judicial de reenganche, incurrirá en el delito de desacato a la autoridad judicial con pena de prisión de seis a quince meses.

El Acoso Sexual se define como todo aquel “que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para si o para un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legitimas expectativa que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con prisión de uno a tres años”, mientras que en el caso de violencia laboral se establece la sanción de multa entre 100 y 1.000 Unidades Tributarias.

Art. 538. Otros Supuestos. Este artículo establece arresto de 6 a 15 meses en los siguientes casos: Además del desacato a la autoridad judicial establecido en el articulo 91 eiusdem, también se castiga en casos de violación a la huelga; incumpla u obstruya la ejecución de actos de autoridades administrativas del trabajo.

En estos casos, la Inspectoría del Trabajo conjuntamente con el Ministerio Público intentará buscar el responsable de la instigación en la comisión de estos delitos, sin embargo si no se diera a conocer el sujeto que efectivamente realizó dicha conducta instigadora, los miembros de la Junta Directiva de la empresa serán los responsables de los delitos y el Ministerio Publico intentara la acción penal contra los mismos.

Art. 539. Cierre Injustificado e Ilegal. El patrono o patrona que de manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo, será sancionado o sancionada con la pena de arresto de seis a quince meses por los órganos jurisdiccionales competentes a solicitud del Ministerio Público.

Este artículo deja abierta la posibilidad de condenar por cierres ilegales o injustificados, lo que sería a total arbitrio de la Inspectoría del Trabajo el establecer las causas de cierre legal y, además, un atentado contra el Derecho a la Propiedad y al Ejercicio de una Actividad Económica de su preferencia, tal como lo establece la Constitución.

Art. 540. Reincidencia de los delitos. En casos en que las personas reincidan en alguno de los supuestos anteriormente establecidos, la pena aplicable será la correspondiente con aumento a la mitad de la misma. Ahora bien, para que proceda la reincidencia de un sujeto tendrán que cumplirse 2 requisitos: a) Sentencia Penal Condenatoria, definitivamente firme con carácter de cosa juzgada. b) Que el sujeto haya sido culpable por el mismo delito que se le imputa como reincidente.

Art. 542. Casos de concusión o corrupción de funcionarios del trabajo. El funcionario o funcionaria del Trabajo que perciba dinero o cualesquiera otro obsequio o dadivas será destituido o destituida, de conformidad con el procedimiento que corresponde según la ley.

En estos casos, los funcionarios estarían inmersos en los supuestos de Corrupción o Concusión de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica contra la Corrupción.

Art. 546. Arresto de 10 a 90 días por incumplimiento de multas impuestas al patrono. La ley establece una serie de multas en casos específicos tales como infracción sobre la inamovilidad laboral, sobre la normativa de alimentación, sobre la participación en los beneficios, entre otros, y en caso de incumplimiento de dichas multas se incurrirá en la pena entre 10 a 90 días de arresto policial.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com