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El nombramiento de abogado defensor es una expresión del derecho a la defensa y por ende del debido proceso, por ello el Código Orgánico Procesal Penal expresa que el nombramiento no se encuentra revestido de formalidades mas allá de aquellas consideradas como esenciales y que sirven para garantizar la legalidad de la labor que desempeñará un profesional del derecho al asumir tan importante labor como lo es la de la defensa.

Sin embargo, para que una persona pueda ejercer su derecho a la defensa, es necesario que exista algo de lo cual defenderse, que le haya sido informado por medio de la imputación realizada por el Ministerio Público, es decir que una persona que no ha sido citada para el acto de imputación no puede llevar a cabo el nombramiento de abogado defensor y en ese mismo sentido el acto de juramentación por parte del tribunal de Control sería considerada usurpación de funciones.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 02856 de fecha 13 de diciembre de 2006, realiza la diferenciación entre las figuras de usurpación de autoridad, usurpación de funciones y extralimitación de funciones, y al respecto señala lo siguiente:

La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público violentado de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio. Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa…’ (Vid., entre otras, sentencia N° 06589, de fecha 21 de diciembre de 2005).

Autor: Alberto Jurado aljurado.com