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Según la Ley Antimonopolio Venezolana de 2014, se entenderán como prácticas desleales, la publicidad engañosa, la simulación o imitación, el soborno comercial y la ventaja adquirida por violación de normas.

Para dicha ley se considera soborno comercial cuando un agente económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contra prestación; con la finalidad de obtener beneficios para su empresa, que en ausencia de dicha práctica no lograría.

Es justamente en el soborno comercial como supuesto de competencia desleal que se justifica la inclusión del tipo penal de la corrupción privada en la Ley de Precios Justos y después en la Ley contra la Corrupción, en especial si a diferencia de países como Colombia o España, en Venezuela no existe una ley penal exclusiva que aborde, regule o restrinja la competencia desleal y el poco desarrollo que el parlamento venezolano dio al tema en la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.

Para hacer más palmaria la coincidencia entre el soborno comercial y la corrupción privada, si analizamos que según Magdú Cordero y Betty Andrade, en su obra Aspectos Generales de la Competencia Desleal, el soborno comercial se configura cuando un determinado agente económico paga u ofrece algún tipo de retribución a una persona natural integrante de otro agente competidor, bien en cualidad de Director, empleado de confianza, o accionista, para que realice actividades, o tome decisiones, contrarias a las que son normales e inherentes a su cargo, en desmedro de la empresa de la que forma parte.

La anterior definición de soborno comercial se ajusta a la disposición de la Ley contra la Corrupción de 2014, que en el artículo 47, regula la corrupción entre particulares del siguiente modo:

Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.

Así las cosas es indiscutible que cuando nos referimos al supuesto de la competencia desleal del soborno comercial, en Venezuela se penaliza bajo la forma de corrupción privada.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com