Comparte este artículo:

El tema en debate es la decisión de la Corte de Apelaciones que rechace conocer el recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes. Este tipo de decisiones puede ocasionar un grave perjuicio contra el acceso de las partes pero en especial de la víctima a los órganos de la administración de justicia, vulnerando la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la siguiente manera:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

En referencia a este asunto, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que:

La no revisión de las denuncias hechas en el escrito de apelación, se considera como la vulneración de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República, derecho éste, de amplísimo contenido, que comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia. Es decir, que cumplidos con los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales están obligados a conocer el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinar el contenido y la extensión del derecho deducido. De allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). (16 de enero de 2003).

En relación a la garantía de la tutela judicial efectiva que asiste a la víctima por disposición constitucional, la misma cuenta con la legitimación para impugnar la decisión de cualquier tribunal de control, tal como lo prevé el articulo 122 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal del siguiente modo:

Artículo 122. Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:

(…)

  1. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

De igual modo las disposiciones dentro del mismo texto adjetivo y la interpretación del máximo tribunal de la República, apuntan a rescatar la participación activa de la víctima en el proceso a pesar de no haberse querellado.

En el sentido de lo afirmado, tenemos que el Tribunal Supremo de Venezuela ha dispuesto que:

Dado estos supuestos, la Sala considera que los derechos de las víctimas dentro del ámbito del derecho procesal penal, consagrados en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal y en diversas disposiciones normativas, deben ser interpretados de manera amplía y concordada, a fin de que se alcance la finalidad del proceso y, que en definitiva, resulten preservados los derechos y garantías constitucionales que les asista. (Vid. sentencia del 3 de agosto de 2001, caso José Felipe Padilla).

En el fallo antes citado se menciona la finalidad del proceso prevista en los artículos 23 y 123 del Código Orgánico Procesal Penal.

Estas últimas disposiciones de igual jerarquía legal que la tomada por la presunta agraviante, han sido reforzadas por la máxima autoridad del Poder Judicial en Venezuela, con la finalidad de que la víctima pueda intervenir en el proceso, en este sentido destaca el siguiente pronunciamiento:

(…) observa esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha propugnado como uno de los grandes avances de nuestro sistema penal, la consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa a través del artículo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo el proceso, aun en su fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal, se le otorga el derecho de apelar de dichos fallos y los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos. (Expediente: C05-0365 N° de sentencia: A-041 26 de abril de 2006).

En conclusión, cuando la víctima, busca la asistencia de la segunda instancia no puede verse impedida en la búsqueda de su protección ya que es ese mismo tribunal de alzada el que debe garantizarla de acuerdo a las normas constitucionales y legales, así como de los criterios jurisprudenciales pertinentes.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com