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Existen varios actos de investigación, tales como el allanamiento de la residencia del investigado, la autorización para inspección técnica, fijación fotográfica y filmación, interceptación de llamadas telefónicas, captación de conversaciones telefónicas, los cuales conducen a las personas involucradas a adquirir tácitamente la cualidad de imputado y en esa condición deberían ser citadas por el Ministerio Público a los fines de que ejerzan su derecho a la defensa y evitar llevar a cabo diligencias de investigación a “sus espaldas” al ser considerados como presuntos autores o partícipes de los hechos investigados.

Esta consideración está motivada en que dichos actos de investigación reflejan una persecución penal personalizada y no general, lo cual dimana de lo actuado y manifestado en las correspondientes actas policiales por los mismos funcionarios investigadores.

Los anteriores son actos de investigación enmarcados dentro de las atribuciones legales, que podrían surgir como elementos de convicción al intentar establecer la verdad de los hechos investigados, sin embargo si ya apuntan hacia determinados individuos por tener Venezuela un sistema acusatorio y garantista, se requiere que los mismos sean citados en calidad de imputado para que puedan conocer la investigación fiscal.

Sobre este particular se expresó la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 2616, de fecha 22 de agosto de 2003, en los siguientes términos:

“…En el caso bajo examen, el órgano encargado -Ministerio Público- en el marco de una investigación penal, desplegó una serie de actuaciones con la finalidad de lograr la obtención de datos útiles que comporten fuentes de prueba, tales como la interceptación de una serie de llamadas vía teléfono celular y captación de conversaciones telefónicas durante los días 10 y 11 de abril del corriente, actuaciones que estimó eficaces en la persecución penal, aunado al hecho de que al ciudadano Hernán Rojas Pérez, en el marco de una entrevista relacionada con el expediente alfanumérico F5TSJ-02-001 se le proveyó una defensa técnica y éste, ante lo inquirido por la Fiscalía, se acogió al precepto constitucional.

De tal manera que, aun cuando no existe una imputación pública stricto sensu ex artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, los hechos concretos dirigidos contra el prenombrado ciudadano equivalen a una imputación, pues la pesquisa no es general sino individualizada, sin que ello obste para afirmar que no toda persona que aparezca en una investigación penal, con ocasión de una denuncia por la presunta comisión de hechos punibles, se repute como imputada…”.

De igual manera, podemos mencionar la Sentencia número 593 de la Sala Constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de abril de 2004:

“…Asimismo, observa esta Sala, que desde el 26 de febrero de 2003, momento en el cual la “Funcionarios adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) Coro” realizó la revisión ordenada, el ciudadano ANTONIO JOSÉ LILO VIDAL, y su abogado tienen derecho a acceder al expediente, ya que dicha revisión es considerada como un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, lo que le da la cualidad de imputado. Ahora bien, si a partir de ese momento, se le niega al ciudadano anteriormente señalado la posibilidad de acceder al expediente, es en ese momento que procede la acción de amparo por violación del debido proceso…”.

Tal como nos ha enseñado el máximo tribunal de la República con los documentos antes citados, existen actos de investigación que endilgan la condición de imputado a los individuos contra los cuales van dirigidos al ser actos de persecución penal individualizados, en consecuencia el Ministerio Público debe cumplir su obligación legal de imputarlos formalmente para evitar llevar una investigación al margen del debido proceso viciando de nulidad los actos de investigación que llegasen a practicarse.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com