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ALC Abogados

ALC Abogados

Asesoría legal corporativa

Abogados especializados en Derecho Penal Económico, presta asesoramiento jurídico a personas físicas y jurídicas inmersas en procedimientos penales, ya sea como parte acusadora o demandada, en las siguientes áreas de práctica: derecho penal, delitos relacionados con marcas y delitos contra la propiedad intelectual, derecho penal aduanero, derecho penal ambiental, antipiratería y derecho penal internacional.

 

Si eres señalado por un delito, tienes derecho a una

Defensa Penal

Tienes el derecho constitucional a la  defensa técnica de abogados especializados que  encuentren una solución jurídica a tu asunto penal.

 

Si eres víctima de un delito, puedes presentar una

Acusación

Dependiendo del delito, es posible presentar una denuncia, una querella, acusación particular propia o acusación privada, con la asesoría de abogados penalistas.

Boutique Legal

Somos una organización pequeña, especializada en un área en concreto, con bajos costos operativos, lo que nos permite ofrecer mejores tarifas. Tenemos una estructura sencilla que evita puestos de subordinación, así que tenemos un trato personal con los clientes de forma directa.

Regional

Amamos el lugar donde trabajamos, Maracaibo, Venezuela, desde nuestra fundación y por los últimos 19 años hemos desarrollado nuestra práctica en esta importante ciudad de Venezuela, por lo que tenemos vasta experiencia en los tribunales y con las autoridades locales.

Automatización

Apostamos por la transformación digital (Legaltech) de nuestra firma para la automatización documental y la gestión de litigios, usando herramientas como puntos de acceso, organizadores de tareas multiplataforma, Microsoft 365 Suite y la inteligencia artificial.

 

NUESTRO LINEAMIENTO

En ALC tenemos nuestro Código de Ética, Conducta y Moral, inspirado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley contra el Soborno del Reino Unido.

El Código de Conducta  es un protocolo integrado estatutaria, orgánica y jerárquicamente en entidades públicas y privadas para ejercer el debido control y evitar conductas indeseables de sus directivos y empleados y dar respuesta a la cada vez mayor cantidad de exigencias éticas y legales en forma de ley o bien en forma de recomendaciones de buen gobierno.

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