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El procedimiento especial para el juicio en ausencia del acusado se encontraba apoyado en la Constitución de la República de Venezuela del año 1961, que establecía lo siguiente en el ordinal 5º del artículo 60:

Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la ley, los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia con las garantías y en la forma que determine la ley.

Es necesario recordar que la promulgación del Código Orgánico Procesal en el año 1998, con una vacación de un año hasta el primero de julio de 1999, se llevó a cabo bajo el imperio de la constitución de 1961 y que luego la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada mediante referendo a finales de 1999, no prevé esta excepción cuando establece las garantías procesales de rango constitucional en el artículo 49 específicamente en los ordinales 1º y 3º.

Al respecto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha establecido que:

…la Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado. Exp: 14-452. Sentencia: 356. Fecha: 13/11/14.

Lo anterior lleva necesariamente a concluir que dentro de nuestro sistema procesal penal no es posible el juzgamiento en ausencia y consecuencialmente las normas contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal que establecen este procedimiento fueron en un principio inaplicadas y luego derogadas por inconstitucionales, al punto de ser suprimidas en las versiones reformadas del texto que regular el proceso penal en Venezuela.

Además de la ley nacional, otra disposición de rango constitucional que prohíbe el juzgamiento en ausencia es el numeral 1º del artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que además dispone en la letra “d” del numeral 2º del mismo artículo octavo, el derecho del inculpado en un delito de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección.

Ahora bien la consecuencia por la ausencia del imputado en primer lugar es la paralización del proceso, sin embargo si el Tribunal de la causa requiere la presencia del imputado para darle continuidad del proceso, es altamente probable que solicita su comparecencia primero mediante boleta de citación y hasta su conducción con la fuerza pública, pudiendo incluso revocar cualquier medida cautelar con la que haya sido favorecido el imputado e incluyendo en consecuencia en el Sistema de Información Policial SIPOL con el estatus de “Solicitado”.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com