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El Convenio sobre la Cibercriminalidad del Consejo de Europa hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, en cuanto a las medidas para  responder a la delincuencia informática, en el último de los títulos denominado de otras formas de responsabilidad y sanción, realiza las siguientes propuestas concretas en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas:

a) Adopción de medidas por los Estados para permitir que las personas jurídicas puedan ser tenidas por responsables de las infracciones establecidas en el Convenio, cuando éstas sean cometidas por una persona física, actuando ya sea a título individual, ya sea como miembro de un órgano de la persona jurídica, que ejerce un poder de dirección en su seno y cuyo origen se encuentre en:

a’) un poder de representación de la persona jurídica,

b’) una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica,

c) una autorización para ejercer control en el seno de la persona jurídica.

b) Fuera de estos casos también se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que una persona jurídica pueda ser tenida por responsable cuando la ausencia de vigilancia o de control por parte de cualquier persona física anteriormente referida haya permitido la comisión de infracciones a través de esa persona física que actúa bajo autorización de la persona jurídica.

c) La responsabilidad de la persona jurídica podrá resolverse en sede penal, civil o administrativa, dependiendo de los principios jurídicos propios del Estado.

d) Tal responsabilidad se establecerá sin perjuicio de la penal de las personas físicas que hayan cometido la infracción.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com