Existe un solo instrumento que para combatir la corrupción privada en Venezuela que es la Ley contra la Corrupción cuya última reforma ocurrió el año 2014 y aunque esta ley es cierto es aplicable tanto a funcionarios públicos como a los que no lo son, se refiere principalmente al mal manejo del erario público y a las conductas desviadas de los que los manejan.
Además, por una parte las penas por delitos de corrupción pública son muy bajas y no se cumplen y por otra, el delito de corrupción privada en Venezuela es desconocido hasta por sus propias víctimas que son las empresas.
Corrupción Privada en el Código Penal de España
En España, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, por la que se aprueba el Código Penal, regula la Corrupción Privada o entre Particulares, en el artículo 286 bis, del siguiente modo:
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales. (…).
Corrupción Privada en Venezuela
Ley de Precios Justos
La Ley de Precios Justos, se encargó en primer lugar de la “Corrupción privada en Venezuela” o la “Corrupción entre Particulares”copiando casi exactamente el contenido del artículo del código penal español pero con una pena mayor de dos a seis años en el artículo 64:
Artículo 64. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos (02) a seis (06) años. (…).
Ley Contra la Corrupción
A finales del 2014, por medio de una ley habilitante se incluyó en la Ley contra la Corrupción el delito de Corrupción Privada en Venezuela, de la siguiente manera:
Artículo 85. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado con prisión de seis (6) a doce (12) años.
La incorporación en las leyes penales del delito del Soborno Transnacional y la Corrupción Privada en Venezuela, responde a la obligación adquirida por ese país con la firma de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, y a la influencia de la Ley Norteamericana de Prácticas Corruptas en el Extranjero, también conocida como Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
La Corrupción Pública como la Corrupción Privada en Venezuela son conductas igualmente dañinas para la sociedad, siendo entonces necesario que desde los mismos entes empresariales se decida firmemente por medio de acciones de buen gobierno corporativo como el Corporate Compliance evitar conductas que puedan afectar a los accionistas y directivos.