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Partiendo de la buena fe de los jueces en Venezuela, en reiteradas ocasiones éstos se dedican a la creación de audiencias en el trámite del proceso penal seguido a una persona que tienen a su cargo, en ese sentido como sabemos las audiencias para escuchar a las partes se encuentran previstas en el modo y la oportunidad que indica el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el acatamiento de esas normas es lo que junto las demás, llamamos debido proceso.

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia se ha referido a ello y su criterio resulta de vital importancia para que dicha práctica cese en agravio del principio de legalidad procesal.

Así las cosas la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, establece que

Observa esta Sala que dicha audiencia fue convocada por el Juez de Control para la escucha del imputado. Ello así se advierte que se trata de un acto procesal, en sede jurisdiccional que no estaba previamente establecida en la Ley, porque el propósito del mismo era, se reitera, la audiencia del aquí quejoso, como parte de la investigación, lo cual es una actividad del Ministerio Público. Se concluye entonces, que el Tribunal de Control convocó a la audiencia en cuestión, para la presencia de una actuación propia de la actividad fiscal que era ajena a su competencia, por lo que resulta obvio que se trata de una audiencia que no tenía soporte legal alguno. Al respecto, se observa que esta Sala asentó de manera enfática, que no le está dado a los jurisdiscentes la creación de audiencias que no están establecidas en el ordenamiento jurídico vigente y así lo ha expresado esta juzgadora (vid. S.S.C. n° 2375 de 27 de agosto de 2003, caso: Frank Amaral Galindo y S.S.C. n° 1737 de 25 de junio de 2003, caso: Gente del Petróleo). Así se declara.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com