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Aunque a primera vista se pensaría que los delitos ambientales o de protección al medio ambiente en nada se relacionan con el orden económico social, es importante tener en cuenta que los delitos ambientales ante todo constituyen un delito social, toda vez que afecta las bases de la existencia social económica, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales y, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – espacio.

Si bien un sector de la doctrina considera que las normas penales económicas tienen una finalidad diferente al ordenamiento jurídico ambiental, otro grupo se inclina por incluir los delitos ambientales, en vista de que al vulnerarse los recursos naturales, inexorablemente las relaciones económicas basadas en el comercio y consumo de los mismos sufriría un desequilibrio considerable, a tal punto que muchos de los mercados no contarían con la oferta necesaria frente a la gran demanda, lo que de suyo impactaría en la elevación de los precios.

Para sostener la economía moderna, será de imperiosa necesidad la aplicación de una correcta investigación, detección y radicación de cualquier tipo de impacto ambiental, no en vano está proliferando en las grandes compañías a nivel mundial, la concientización del cuidado al medio ambiente como garantía de un futuro cierto y como política empresarial de crecimiento y desarrollo.

Así, Tiedemann considera incluidos en este concepto amplio de Derecho penal económico en Alemania, “el Derecho del monopolio y la legislación contra la competencia leal”, “el debido orden del crédito, también el Derecho de ordenamiento de la economía hídrica, significativo para la protección del medio ambiente, al igual que el Derecho de la economía minera y energética.

El Derecho Penal Económico en sentido amplio se extiende a todas las conductas delictivas que se constatan en las relaciones económicas derivadas de la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios, de ahí que permite definirlo como un conjunto de normas que sancionan con penas las conductas que afectan al desarrollo del sistema económico o de sus instituciones.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com