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El 1° de enero del presente año 2013, se inició la vigencia plena de la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue publicada en Gaceta Oficial extraordinaria número 6.078 del 15 de junio de 2012, en dicha versión del código adjetivo se instauró un nuevo procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, en el título que desarrolla dicho procedimiento destacan nuevas disposiciones en cuanto a la suspensión condicional del proceso como fórmula alternativa a la prosecución del proceso que difieren de las previstas en el marco del procedimiento ordinario, así como otras disposiciones en materia del procedimiento por admisión de los hechos.

Ahora bien, en cuanto a la base legal de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso tenemos que decir que en lo que se refiere al principio de oportunidad y a los acuerdos reparatorios tenemos que los artículos 38 y 41 del Código Orgánico Procesal Penal referidas al procedimiento ordinario, suple el nuevo procedimiento especial ya que el artículo 357 de ese mismo texto legal indica que:

“…Los supuestos para la procedencia, cumplimiento y aplicación de las Fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso señaladas en el aparte anterior, se regirán por lo previsto en las normas del procedimiento ordinario…”.

Sin embargo, en cuanto a la suspensión condicional del proceso el nuevo procedimiento se distingue del procedimiento ordinario, ya que esa institución está ampliamente desarrollada en los artículos 359, 360, 361 y 362 del Código Orgánico Procesal Penal en lo que al procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves se refiere.

Saltan a la vista las diferencias sustanciales que existen entre las disposiciones que regulan la suspensión condicional del proceso en el procedimiento ordinario y en el procedimiento especial, entre las que podemos destacar la oportunidad, el lapso de régimen de prueba, la reparación social, el trabajo comunitario entre otros.

El nuevo procedimiento especial de juzgamiento de delitos menos graves, también distinque el procedimiento de admisión de los hechos ya que lo prevé dentro de sus disposiciones, en este caso igualmente existen importantes diferencias entre la admisión de los hechos como procedimiento especial autónomo (artículo 375) y la inclusión de éste en el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves (artículo 371), la principal diferencia estriba en la rebaja de la pena aplicable, ya que según el artículo 375 “…el Juez o Jueza podrá rebajar (…) desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse…”, en cambio el ordinal 2° del artículo 371 establece que “…Cuando la Admisión de los Hechos sea solicitada (…) en la oportunidad de la audiencia preliminar (…) rebajará mitad de la pena aplicable…”.

Acerca del momento para solicitar las medidas alternativas a la prosecución del proceso, como la suspensión condicional del proceso, en ese particular el Tribunal Supremo de Justicia ha expresado en sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrada MIRIAN MORANDY MIJARES, lo siguiente:

Al respecto, la Sala Penal ha sostenido que los imputados o acusados, en ejercicio de su derecho a la defensa, tienen la legítima expectativa de que se les informe cuáles son los medios que pueden usar para su defensa, por ello deben ser informados en la audiencia preliminar (en el caso del procedimiento ordinario) acerca de las medidas alternativas a la prosecución del proceso y una vez que el juez de control haya admitido la acusación.

De igual forma, lo ha expresado la Sala Constitucional respecto al derecho al debido proceso en sentencia número 018 de fecha 19 de enero de 2007 con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, y reiterado en las sentencias numeradas 157, 210 y 317, de fechas 06 de febrero de 2007, 14 de febrero de 2007 y 28 de febrero de 2007, respectivamente, con ponencias de los Magistrados LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, lo siguiente:

La garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva, tal como lo ha expresado la Sala en sentencia Nº 05 del 24 de octubre de 2001.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com