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Si se analiza la pena de los delitos previstos en la Ley contra la Corrupción parecería que sí. El 1° de enero de 2013, entró en vigencia la más reciente versión del Código Orgánico Procesal penal, en ella se incluyó un nuevo procedimiento especial denominado “Del Procedimiento para el Juzgamiento de los delitos menos graves”, a la luz de lo establecido en este procedimiento se considerarán delitos menos graves “los delitos de acción pública previstos en la ley, cuyas penas en su límite máximo no excedan de ocho años de privación de libertad”, así que para este análisis es necesario que mencionemos las penas aplicables de los tipos penales contra el patrimonio público que se encuentran previstos en la legislación anticorrupción Venezolana, así tenemos:

Artículo 52

Prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.

Artículo 53

Prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

 Artículo 54

Prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.

Artículo 56

Prisión de tres meses a tres años.

 Artículo 57

Prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.

 Artículo 58

Prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

 Artículo 59

Prisión de uno (1) a tres (3) años.

 Artículo 60

Prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cosa dada o prometida.

 Artículo 61

Prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo recibido o prometido.

 Artículo 62

Prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio recibido o prometido.

Prisión será de cuatro (4) a ocho (8) años y la multa de hasta el sesenta por ciento (60%).

Artículo 63

Prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si fuere con el fin de que incurra en el señalado en el artículo 62, con las penas allí establecidas, reducidas a la mitad.

Artículo 66

Prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%)

 Artículo 67

Prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte.

 Artículo 68

Prisión de un (1) año a tres (3) años.

 Artículo 69

Prisión de un (1) mes a un (1) año y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o exigido.

 Artículo 70

Prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cien por ciento (100%)

 Artículo 71

Prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

 Artículo 72

Prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada.

 Artículo 73

Prisión de tres (3) a diez (10) años.

 Artículo 74

Prisión de dos (2) a diez (10) años.

 Artículo 75

Prisión de uno (1) a cinco (5) años.

 Artículo 76

Prisión de uno (1) a seis (6) meses y se procederá a su destitución si se encuentra en el ejercicio del cargo.

 Artículo 77

Prisión de seis (6) meses a dos (2) años.

 Artículo 78

Prisión de tres (3) a siete (7) años.

Artículo 79

Prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años.

 Artículo 80

Prisión de tres (3) meses a un (1) año.

 Artículo 81

Prisión de uno (1) a cinco (5) años.

Prisión de seis (6) meses a dos (2) años.

 Artículo 82

Prisión de uno (1) a tres (3) años.

De acuerdo a la consideración antes mencionada de “delitos menos graves” solo 3 de los 30 delitos contra el patrimonio no podrían ser considerados como tales, quizás esta situación fue la que motivó al legislador a realizar el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal la siguiente aclaratoria:

Se exceptúan de este juzgamiento, independientemente de la pena, cuando se tratare de los delitos siguientes: (…) delitos contra que el patrimonio público y la administración pública;(…).

Otro esfuerzo vale decir por rescatar la severidad que debe imponerse ante los delitos contra el patrimonio público y evitar que en virtud de la pena aplicable prevista en la legislación especial anticorrupción pueden ser “beneficiados” con fórmulas alternativas a la prosecución del proceso o rebajas de pena, es el siguiente parche que fue pegado a lo largo del texto del código adjetivo penal:

Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de los delitos de: (…) el delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; (…).

Tenemos que decir pues, que si no existiera la excepción en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, deberían ser considerados como tales 27 de los 30 delitos contra el patrimonio público, lo que llama a la reflexión de si es necesaria una reforma de la legislación que aumente las penas y así no sean necesarias aclaratorias o excepciones en el ámbito procedimental que intentar evitar la impunidad en esa clase de delitos.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com