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En Venezuela el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 115, en el cual está establecido como una garantía de uso, goce y disposición sobre los bienes de los cuales se detenta, la cual es aplicable al conglomerado social incluso al propio Estado que solo podrá despojar al poseedor de este derecho mediante la institución de la expropiación por causas de utilidad pública o interés social, y bajo ciertas condiciones que se deben cumplir.

Fuera de este panorama anterior toda persona tiene la plena garantía de que su derecho de propiedad es inviolable. Tanto así que en la reforma del código penal del 13 de abril de 2005, el Estado Venezolano decidió proteger el derecho de propiedad, con la sanción más enérgica con la que cuenta el derecho la cual es la sanción penal, y decimos  más enérgica ya que nadie quiere verse envuelto en el incumplimiento de algún tipo penal por las sanciones establecidas que en su inmensa mayoría se tratan de penas restrictivas de la libertad. El tipo penal del delito de Invasión quedo señalado en el Titulo X De los Delitos contra la Propiedad, capítulo VI, artículo 471-A, que establece lo siguiente:

Art. 471.A.- Quien con el propósito para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte.

La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.

Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima.

El sujeto activo en este tipo legal es indeterminado ya que se trata de cualquier persona que atente contra el derecho de propiedad de otro sujeto, quien será el sujeto pasivo  y quien si es determinado, ya que no puede ser cualquier persona,  la cualidad de destinatario del delito se la da el hecho de ser propietario o dueño de algún bien inmueble el cual pueda ser Objeto del Delito y es de destacar que se tiene que tratar de un bien inmueble como por ejemplo: un terreno, una casa, apartamento, local, galpón, entre otros.

Los elementos para que el hecho particular encaje en este tipo penal son que el sujeto activo atente contra el derecho de propiedad del sujeto pasivo, sin permiso ni autorización de éste último, mediante incursión voluntaria y violenta en el inmueble con el ánimo de apropiarse de manera forzosa y de obtener  beneficios para sí o para terceras personas, beneficios los cuales se traducen en: apropiarse ilícitamente del bien inmueble, ocuparlo, dañarlo, y hasta vender el derecho de permanencia en el mismo a otras personas, en pocas palabras usar, gozar y disponer del inmueble como si fuese propietario pero de facto.

La pena aplicable a este delito varía de acuerdo al grado de participación en el mismo la cual se traduce en penas restrictivas de la libertad y penas accesorias  de carácter pecuniario.

De no obtener ningún provecho del inmueble invadido, es decir por el solo hecho de ocupar ilegalmente el inmueble la pena arriba establecida podrá ser rebajada a una sexta parte de acuerdo a la sana critica del juez, esto es lo que en derecho penal se conoce como atenuante, que es simplemente una conducta que favorece al imputado ayudándole a rebajar la pena establecida.

El legislador quiso también castigar al Autor Intelectual del delito de Invasión ya que consideró que de no ser por esta persona difícilmente se hubiere cometido el acto antijurídico, atentando contra el orden público, seguridad jurídica, el bien común y la justicia; este es el caso previsto en el segundo parágrafo de la norma in comento, el cual establece que para la persona que organiza, dirige o promueve la  invasión, la pena será aumentada hasta la mitad. El mismo aumento de pena indicado supra lo sufrirá quien invada terrenos de zonas rurales.

Ahora bien, si bien es cierto que el Legislador quiso ser suficientemente punitivo en la redacción de esta norma, también consideró las atenuantes de responsabilidad e inclusive las eximentes. Es así, como determinó que gozaran de rebajas en las penas en cualesquiera de los casos anteriores los sujetos activos quienes una vez iniciadas las acciones de invasión no continúen con sus aspiraciones de permanecer en el inmueble invadido y lo desocupen dejando el inmueble libre de personas y cualquier tipo de mobiliario, siempre y cuando estas acciones de desistimiento y desocupación ocurran antes de que algún tribunal se pronuncie mediante sentencia.

Y quedara libre de cualquiera de las responsabilidades penales antes mencionadas los sujetos activos que desistan de sus acciones ilícitas de invasión, desalojando el inmueble y además indemnizando de alguna manera a los sujetos pasivos, y además reparando el daño causado a satisfacción de la víctima.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com