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El Derecho penal económico, en un sentido estricto es aquel conjunto de normas jurídico-penales que tutelan el orden económico del Estado, considerando el orden económico como la relación jurídica del intervencionismo del Estado en la economía, que se limitaría, por tanto, a aquella parte del orden económico intervenida directamente por el Estado, es decir, al derecho de dirección de la economía nacional por el Estado, incluyendo el  control de precios, el Derecho penal económico externo, el Derecho penal cambiario, fiscal y aduanero.

En un sentido amplio, el Derecho penal económico se configura como el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico, entendido como la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se extiende la protección  a las figuras delictivas relativas a las quiebras fraudulentas y las insolvencias punibles, a la competencia desleal, la receptación y blanqueo de capitales, la usura, determinadas estafas y fraudes masivos, fraudes alimentarios y farmacológicos  falsedades, malversación de caudales públicos, delitos societarios y a la corrupción pública y privada.

¿Qué es lo que se pretende proteger con el Derecho penal económico?

El Derecho penal económico va a tutelar un interés supraindividual, social, colectivo, que es la economía, el orden económico, cuyas características específicas son establecidas por la política económica de un determinado Estado, así pues  decimos que en las economías planificadas o de corte socialista se opta por un concepto estricto del DPE y en economías de modelo social liberal , capitalistas o neloiberales se asume el concepto amplio del DPE.

¿Cuándo surge el Derecho penal económico?

Puede decirse que los antecedentes del DPE se remontan al Derecho Romano (Crimen Stellionatus), sin embargo es con posterioridad a la revolución industrial que los Estados comienzan a intervenir en la Economía como gendarmes de las reglas del mercado, con normas reguladoras de los sistemas monopolísticos y luchando contra la acaparamiento de bienes de primera necesidad. Las grandes guerras del siglo XX y la gran depresión van a influir decisivamente en la conformación del Derecho penal económico, además la globalización y la internacionalización de la economía van a provocar también la transnacionalización de la delincuencia económica, obligando a los Estados a modificar concepciones del orden económico existentes hasta el momento.

¿Cuándo se empieza a estudiar el Derecho penal económico?

Es la criminología la que desde el estudio de la teoría de la Asociación Diferencial presentada por Sutherland comenzó a estudiar diferenciadamente la delincuencia económica con las características del delincuente de cuello blanco, con base a los resultados de la investigación de las infracciones atribuidas a las grandes corporaciones, determinando que existe una delincuencia que nada tiene que ver con el factor pobreza. Podemos decir entonces que fue entonces a finales de la década de los 30 (1939) que se inició el estudio de la delincuencia económica.

¿Cómo se regula el Derecho penal económico en Venezuela?

La Constitución la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”, facultando al Estado en la adopción de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por su parte, el artículo 114 establece que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley”. En esta línea, se asume en nuestro país el concepto estricto del DPE, en el contexto de leyes que forman parte del intervencionismo del Estado en la economía. Actualmente son muchas las leyes en nuestro país que establece delitos económicos, vale la pena mencionar la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (Contrabando, especulación, acaparamiento, boicot etc), la Ley de Instituciones del sector bancario (captación indebida, apropiación o distracción de recursos de instituciones financieras), el Código Orgánico Tributario (Defraudación tributaria), la ley de Delitos informáticos (Propiedad Intelectual).

Autor: Alberto Jurado aljurado.com