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En cuanto al desacato, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estableció su carácter jurisdiccional constitucional y estableció el procedimiento que deben seguir los Tribunales, estableciendo lo siguiente:

 Con relación al ilícito descrito en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, en algunas decisiones (vid. Nros. 74 del 24 de enero de 2002 y 673 del 26 de marzo de 2002), le ha dado el tratamiento que se le da a los ilícitos penales (aun cuando ni la Constitución, ni esa ley, ni ninguna otra, le atribuye tal carácter), en el sentido de que, al advertir el desacato, ordenaba oficiar al Ministerio Público para que investigara si se cometió o no el desacato y, si así lo estimare, acusara ante la jurisdicción penal o, en su defecto, solicitara el sobreseimiento de la causa o archivara el expediente. Actuación que se desplegaba aun a pesar de haber podido comprobar el hecho del desacato por notoriedad comunicacional o por medios de prueba que constaban en la causa.

Por lo tanto, las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal –la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucional en esta Sala-, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, entre otras tantas), más allá de lo que estime racionalmente esta Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. Así se decide…”.

 De la sentencia vinculante antes citada, en cuanto a la naturaleza jurídica del desacato, podemos mencionar las siguientes conclusiones:

  • Es errado y anacrónico el tratamiento como delito del desacato descrito en la Ley Orgánica de Amparo, ya que se trata de un ilícito judicial.

  • Que la sanción prevista para el desacato debe ser aplicada directamente por el juez o jueza con independencia de la competencia material del mismo.

  • Que en la determinación de si ocurrió el desacato no se pretende juzgar ilícito penal alguno, pues lo que está siendo objeto de decisión es si hubo o no desacato a la decisión que dictó.

  • Que el procedimiento para determinar si hubo desacato se encuentra enmarcado en el ejercicio de la potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional.

  • Cuando el desacato haya sido declarado por cualquier otro tribunal distinto a la Sala Constitucional, éste deberá remitirle en consulta copia certificada de la decisión que declare el desacato e imponga la sanción.

  • Las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en cuanto al desacato.

Del modo antes explicado es forzoso concluir que el desacato al amparo no es delito en Venezuela, por tanto no se justifica la intervención del Ministerio Público y mucho menos la aplicación de las disposiciones del procedimiento ordinario penal, en ese sentido lo que procede es la aplicación del procedimiento recientemente establecido por el TSJ.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com