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Corresponde referirnos al régimen sancionatorio del Decreto de Ley Orgánica de Precios Justos o si prefiere llamarla Ley de Precios como normalmente se le conoce en estos días. Dicha Ley fue promulgada el 21 de noviembre de 2013 pero ha sido reformada en 2014 y 2015.

Primero que todo revisemos los antecedentes legislativos de la ley así podemos encontrar: Así encontramos, la Ley de protección al Consumidor y al Usuario de 1995 y la de 2004, la Ley especial en defensa popular contra el acaparamiento, la especulación el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios del año 2007, la archiconocida ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios o mejor conocida como ley del indepabis de 2010 y la Ley de costos y precios justos de 2011.

Es pues el capítulo VI el cual establece el Régimen Sancionatorio contenido en la Ley, se establece la definición de Infracciones como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, su Reglamento, y demás normas dictadas por la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).

Las sanciones son de Multa, Suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, Ocupación y cierre temporal, Confiscación de bienes, Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones y de manera especial, los relacionados con el acceso a las divisas.

Dichas sanciones no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa.

En cuanto al régimen sancionatorio de los delitos económicos tenemos la pena corporal de la prisión junto a la multa como formas de sanción.

Con respecto a los procedimientos expropiatorios según la ley pueden ser iniciados por el ejecutivo nacional en presencia de delitos económicos y de ilícitos administrativos, tomando como base legal el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La aparición de la expropiación como una pena o sanción de los ilícitos económicos e ilícitos administrativos, luce como una flagrante violación al principio de legalidad al no establecerse expresamente cuál es el delito o infracción que te hace merecedor de esa pena tan severa que incluso podríamos decir que sería la pena más grave que se puede imponer en el ámbito empresarial sobre todo si tomamos en cuenta el tiempo del pago de la indemnización y los criterios para determinar el monto de ésta.

La Ley orgánica establece las infracciones genéricas las cuales están referidas a las conductas en las que puede incurrir los sujetos durante el proceso de fiscalización llevado a cabo por los funcionarios de la superintendencia, así se establece que será impuesta una multa en el caso que se incurran en las siguientes conductas:

  • Falta de colaboración.

  • Omisión de información o de información veraz.

  • Incomparecencia a los llamados de la administración.

  • Incumplimiento de las órdenes e instrucciones dictadas por los órganos de fiscalización.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com