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La impugnabilidad puede ser vista desde dos ópticas, la primera de ellas referida a las decisiones que son susceptibles de ser atacadas mediante la presentación de un recurso y a los medios utilizables para interponer los recursos y la segunda, a los sujetos facultados por la ley para impugnar tales decisiones, es decir que poseen la legitimación activa para intentar los recursos en el marco del Código Orgánico Procesal Penal.

Al primer aspecto se le denomina Impugnabilidad Objetiva, dentro del sistema de recursos de la ley adjetiva penal de Venezuela, la cual se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal; mientras que el segundo se encuadra en el concepto de Impugnabilidad Subjetiva.

De la noción de impugnabilidad subjetiva se deriva la facultad para el ejercicio de recursos de conformidad con el sistema de recursos establecido en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, que corresponde únicamente a las partes; dicho de otro modo, la facultad de presentar recursos en contra de las decisiones judiciales le es conferida únicamente a las partes del proceso penal.

La única excepción a la regla antes descrita, la tiene la víctima que puede interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento.

Así que del listado de sujetos procesales que podrán recurrir de una decisión judicial en el proceso penal, tenemos al Ministerio Público, al imputado y la víctima. Debe aclararse que el derecho al recurso encuentra su límite en el concepto de gravamen, en tanto que las partes únicamente podrán recurrir de las decisiones que no les favorezcan.

De esta doctrina jurisprudencial se obtiene, que el requisito de impugnabilidad subjetiva representa dos requisitos: el primero, ser parte en el proceso penal y el segundo, que la parte haya sufrido algún agravio por la decisión recurrida.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com