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Cualquier intervención penal a través de la creación de ilícitos administrativos y de ilícitos económicos por muy necesarios que sean no puede desbordar los principios limitadores del ius puniendi en un Estado social y democrático de Derecho. En consecuencia, se suelen elaborar un conjunto de principios que van a dirigir los contenidos de las normas punitivas, los cuales contrastaremos con la Ley de Precios Justos de Venezuela, así tenemos:

Principio de legalidad

Como premisa irrenunciable hay que destacar que la incidencia del principio de legalidad en la regulación e incriminación de cualquier hecho delictivo es máxima, ningún hecho puede ser estimado como delito sin que una ley anterior lo haya calificado como tal (nullum crimen sine lege); no podrá aplicarse ninguna pena que no haya sido previamente establecida por la ley (nulla poena sine lege). Dicha importancia se detecta claramente cuando se aborda la regulación penal de esta materia.

Así, se puede discutir el excesivo empleo de leyes penales en blanco y de una técnica penal taxativa ajena a graves problemas interpretativos desencadenantes de una inaceptable inseguridad jurídica.

El empleo de esta técnica de forma abusiva, conlleva una importante lesión al principio de legalidad puesto que si bien es una técnica útil sin embargo cuando se usa de forma abusiva puede llegar a provocar una disminución de las garantías del Derecho Penal y una deslegalización de su materia.

En el contexto de la Ley, la pena de la expropiación descrita de manera genérica fuera del régimen sancionatorio y sin que se pueda asociar directa y expresamente a algún precepto, constituye en nuestra opinión una flagrante violación a este principio.

Principio de intervención mínima

El Derecho Penal tiene por misión esencial la protección de bienes jurídicos en términos de hacer posible la convivencia social. Por ello, el ámbito de intervención penal se concreta en la defensa de los que son estimados como fundamentales a los efectos indicados.

Entra en juego así el principio de subsidiariedad, según el cual el Derecho Penal ha de ser la ultima ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. En definitiva, el Derecho punitivo ha de proteger únicamente los bienes jurídicos más fundamentales del individuo y la sociedad, y a estos sólo frente a los ataques más intolerables.

La vigencia del principio de intervención mínima debe conducir, en todo caso, al destierro de lo que se viene denominando como huida hacia el Derecho Penal y que, desgraciadamente, resulta cada vez más habitual en nuestra legislación recurriéndose al orden penal para solucionar conflictos sociales que, sin embargo, obtendrían una mejor y más eficaz respuesta mediante la utilización de otros instrumentos normativos y sociales mucho menos traumáticos.

Ahora, si bien es cierto que el fracaso del derecho administrativo sancionador en la materia de protección a los consumidores, ha obligado a tomar el camino de la criminalización, no se puede soslayar que las leyes deben atender a una realidad social, en este caso en Venezuela podríamos decir que esta ley debió ajustarse a una verdad en materia económica, marcada por la casi paralización del aparato productivo y el poco estímulo a la inversión privada, en ese sentido no se trata de pedir la despenalización sino la insistencia en el derecho administrativo sancionador como cura.

Principio de única persecución o non bis in idem

La abundante regulación protectora de los consumidores, a la que se une la penal da lugar a que un mismo hecho pueda estar sancionado en vía administrativa o mercantil y penal. En dicho caso en los supuestos de identidad de sujeto hecho y fundamento no es viable una duplicidad sancionadora por contravenir el principio non bis in idem, de ahí su importancia.

El principio non bis in idem tiene un doble significado, material o sustantivo y procesal. Desde la perspectiva material o sustantiva significa que nadie podrá ser castigado más de una vez por la misma infracción. Desde la procesal significa que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta.

En conclusión, el ejercicio del poder punitivo del Estado, con carácter general y como no puede ser de otra forma al tutelar penalmente al consumidor, debe respetar los principios mencionados que salvaguardan las garantías propias del Estado social y democrático de Derecho y de justicia, establecido en artículo 2 de la Constitución Nacional.

Lamentablemente el artículo 45 de la Ley, va en dirección opuesta a este principio estableciendo que Las sanciones administrativas previstas no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa.

La responsabilidad penal de directivos, socios, acciones, administradores y gerentes

Debe quedar ya suficientemente claro que no solo los más encumbrados en la empresa serán procesados por esta Ley sino que los niveles medios también sufrirán sus consecuencias, es por eso que demos tomar en cuenta lo que se refiere a la ignorancia deliberada:

La teoría o doctrina de la ignorancia deliberada o principio de indiferencia es una interpretación jurisprudencial, que se relaciona con la willfull blindnes (ceguera voluntaria) angloamericana o con propuestas de Günther Jakobs, consistente en que:

quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa.

Normalmente se aplica en la práctica en delitos relacionados con la salud pública, directamente en casos de transportadores de droga por ejemplo, o en casos de blanqueo relacionados con el tráfico de drogas.

Por otra parte, las empresas deberían lograr evitar ponerse en situación de riesgos penales, así pues en la medida en que la culpabilidad de la organización sea un presupuesto para la responsabilidad criminal de la persona jurídica, la cuestión estará vinculada a los protocolos de minimización de riesgos delictivos, a los códigos de ética y conducta empresariales, a los modelos de organización a los protocolos de evitación de desviaciones de riesgo, a los códigos de prevención o a los programas de cumplimiento efectivo según se les designe. Y es que, en todo caso, para prevenir los riesgos de imputación, esto es, para prevenir la aplicación de la responsabilidad penal por defecto de organización, se requerirá, en opinión de Bacigalupo Zapater, que las personas jurídicas organicen un sistema/gabinete de control preventivo interno o externo de juridicidad de la actuación de los órganos directivos y de las personas a ellos subordinadas (programas de cumplimiento o compliance programme) dirigido por un responsable (compliance officer) con funciones de vigilancia, asesoramiento, advertencia y evaluación de los riesgos legales de gestión según los estándares de conducta nacionales e internacionales.

Y es que en la actualidad, el riesgo de negocio de la empresa no se limita a las posibilidades de competir con éxito en el mercado, sino que se le agrega ahora el riesgo de responsabilidades jurídicas o normativas. Y esta nueva visión del riesgo da lugar a la problemática a la que se refiere el conjunto de cuestiones sintetizado modernamente bajo la rúbrica de compliance, es decir, prevención de riesgos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de regulaciones legales altamente complejas en el ámbito civil, administrativo y penal.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com