Comparte este artículo:

En cuanto a la responsabilidad penal del empleador derivada del hecho laboral, es fundamental que se tome en cuenta el principio constitucional de culpabilidad, este principio fue desarrollado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, sentencia número 1744 del 9 de agosto de 2007, que establece lo siguiente:

Ahora bien, al posibilitar el legislador estadal la aplicación de la normativa de la Ley  sobre Vagos y Maleantes mediante la norma contenida en el artículo 52 del Código de Policía del Estado Lara (siendo que aquélla establece sanciones privativas de libertad), claramente ha reflejado esta reprochable -y anacrónica- tendencia del “Derecho Penal del autor” en el texto de una norma sancionadora de naturaleza administrativa, todo lo cual resulta abiertamente contrario al PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (nullum crimen sine culpa), que es aplicable tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo Sancionador, y el cual exige que a la persona pasible de sanción se le pueda reprochar personalmente la realización del injusto, es decir, que su conducta pueda considerarse como la consecuencia del ejercicio normal de su autonomía personal. En el caso sub lite, el mencionado principio se ve afectado en una de sus específicas manifestaciones, a saber, en el PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO, en virtud del cual sólo se puede responder por hechos y no por caracteres personales o por formas de ser supuestamente peligrosas para los intereses que se pretende proteger. En efecto, el Tribunal Constitucional español en STC 150/1991, de 4 de julio, señaló que “…no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal «de autor» que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos…”.

En este mismo sentido, FERRAJOLI, al analizar el principio de culpabilidad, enseña que:

“… es oportuno precisar, aunque sea sumariamente, el significado jurídico del concepto de culpabilidad, tal como ha sido elaborado por la moderna dogmática penal. Sin adentrarnos en la discusión de las innumerables opiniones y construcciones sobre la materia, me parece que esta noción –que corresponde a la alemana de Schuld y a la anglosajona de mens rea– puede descomponerse en tres elementos, que constituyen otras tantas condiciones subjetivas de responsabilidad en el modelo penal garantista: a) la personalidad o suidad de la acción, que designa la susceptibilidad de adscripción material del delito a la persona de su autor, esto es, la relación de causalidad que vincula recíprocamente decisión del reo, acción y resultado del delito; b) la imputabilidad o capacidad penal, que designa una condición psico-física del reo, consistente en su capacidad, en abstracto, de entender y querer; c) la intencionalidad o culpabilidad en sentido estricto, que designa la consciencia y voluntad del concreto delito y que, a su vez, puede asumir la forma de dolo o de culpa, según la intención vaya referida a la acción o resultado o sólo a la acción y no al resultado, no querido ni previsto aunque sí previsible…” (resaltado del presente fallo) (Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. Tercera edición. Madrid, 1998, p. 490).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela recoge en su texto sin duda alguna el PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, pero no se trata de una recepción expresa, sino inferida de otros valores, principios y derechos. Para ello, hay que atender fundamentalmente al carácter democrático del modelo de Estado venezolano delineado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos fundamentos filosóficos radican en la dignidad del ser humano, la igualdad real de los hombres y la facultad de éstos de participar en la vida social. El sustrato de dicho principio también puede deducirse del contenido de artículo 21 en sus numerales 1 y 2, del artículo 44.3, del artículo 46 en sus numerales 1 y 2, y del artículo 49.2 del Texto Constitucional. De igual forma, cabe señalar que el principio de culpabilidad se encuentra consustancialmente vinculado con el principio de legalidad, el cual también se desprende del modelo de Estado delineado en la mencionada norma constitucional.

El principio de culpabilidad general no solo establece que nadie puede ser castigado sino actúa con dolo o por lo menos con culpa, ese es uno de los principios de la culpabilidad, hay otros dos precedentes tan o más importantes, que son: el principio de la personalidad de las penas y el principio de la responsabilidad por el hecho.

De acuerdo al principio de responsabilidad de las penas, la persona no responde por el hecho ajeno sino por el hecho propio, en este sentido no se debe violentar este principio ya que estamos hablando de una cadena de personas que integran una empresa, una sociedad en la que solo puedo responder aquel sobre el cual el deber laboral de seguridad le ha recaído. De esa manera no puede responder cualquier otro cuando ese deber no le estaba atribuido, a menos que siendo el empleador o su representante éste se haya enterado del incumplimiento de ese deber por parte del que estaba encargado de cumplirlo.

Lo anterior significa, que no siempre el empleador está encargado del cumplimiento de los deberes, de manera directa, sino que éste ha delegado el cumplimiento de ese deber en alguna persona, si ese empleador no sabe, no está en conocimiento del incumplimiento el único responsable va a ser su delegado, su representante, es decir, cualquier persona en quien el empleador ha delegado esa condición.

Así pues, en ese sentido antes esbozado se orienta el principio de responsabilidad de las penas que es la responsabilidad por el hecho propio, pero de igual manera hay que citar el segundo subprincipio del principio de culpabilidad que es la responsabilidad personal.

En las empresas hay juntas directivas, hay accionistas, hay una multitud de personas y no se puede imputar a toda la junta directiva salvo que toda ella supiese que se estaban incumpliendo las normas de seguridad laborales, no se puede imputar a todos los accionistas, ni al presidente de la empresa por el simple hecho de serlo, antes deben verificarse dos aspectos incluidos en el principio de culpabilidad constitucional, que son el aporte objetivo en la producción del resultado y el aporte subjetivo también en ese resultado.

En la Constitución Bolivariana se encuentra este principio de culpabilidad en los artículos 2, 21-1 y 2, 44-3, el 461 y 2 y el 49-2. Es decir, el principio de culpabilidad que exige la actuación con dolo o culpa se verifica en la Constitución a través de un principio procesal que es el de la presunción de inocencia, esa es la mejor forma de verificarse.

En mayor abundancia, el criterio expuesto ha sido recogido por el Ministerio Público, titular de la acción penal, esto de acuerdo al criterio establecido por la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público en fecha 24 de mayo de 2012, bajo la nomenclatura DRD-11-117-2012, en el cual se estableció lo siguiente:

Conforme al contenido de dicha norma, para la materialización del delito de Muerte en Accidente Laboral, la conducta típica debe ser realizada específicamente por el empleador del sujeto pasivo del delito (trabajador).

En ese sentido, se entiende que el sujeto activo en el presente caso debe ser calificado, es decir, ha de tener una condición especial que lo distingue de cualquier otro sujeto, y esa condición es precisamente la que le confiere la existencia de un nexo jurídico de índole laboral, entre él (empleador) y la víctima directa del delito (empleado).

Cuando el legislador dispone que el agente de este tipo penal ha de ser el empleador, y por ende prevé que el sujeto pasivo debe ser su trabajador, incorpora dentro del tipo penal objetivo elementos de carácter normativo, que -por tanto- ameritan de una valoración.

(…)

Ahora bien, la representación del Ministerio Público consideró que -en virtud del carácter individual de la responsabilidad penal-, debía precisarse quiénes fueron los responsables de las acciones u omisiones del empleador, al momento en que ocurrieron los hechos objeto del proceso.

(…)

Por su parte, el ciudadano C O ejercía el cargo de Presidente del “CONSORCIO C M G A”, y -por tanto- se desempeñaba como Representante Legal de dicha persona jurídica; empero, a decir de la abogada J W, no surgieron elementos de la investigación que permitieran afirmar que el ciudadano C O tuviera conocimiento del presunto riesgo que corrían los trabajadores, porque a tenor de los Estatutos del mencionado Consorcio, las funciones inherentes a la ejecución de la obra se desplazaron a las empresas IMPREGILO, S.P.A. y GUELLA SOGENE, C.A.”.

Siendo esto así, en efecto debe entenderse que no se reunió uno de los elementos exigidos por el tipo penal que examinamos, éste es concretamente el conocimiento que ha de tener el empleador sobre el riesgo.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com