uniones homosexuales

Uniones Homosexuales sin Protección en Venezuela

Según la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones homosexuales de hecho,  las cuales encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad;

Simplemente no les otorga protección reforzada a las uniones homosexuales, lo cual en su criterio no constituye un acto discriminatorio en razón de la orientación sexual de la persona.

La Constitución no niega ningún derecho a las uniones homosexuales; cosa distinta es, que no les garantice ninguna protección especial o extra que haya de vincular al legislador, como tampoco lo hace respecto de uniones de hecho entre heterosexuales que no sean equiparables al matrimonio.

De hecho, el disfrute de los derechos sociales y especialmente, de los económicos, es perfectamente posible en el caso de uniones homosexuales o entre personas del mismo sexo, no a través de la comunidad concubinaria.

La misma no se generaría porque aquéllas no cumplen con los requisitos para ello, pero sí a través de una comunidad ordinaria de bienes, en los términos en que la legislación civil lo permite, siempre que no haya fraude a la ley y dentro de los límites que impone el orden público.

Así, salvo los límites que se expresaron que imponen el orden público y la prohibición de fraude a la ley, nada obsta para la admisión de la existencia, entre uniones homosexuales o de distinto sexo, de una comunidad ordinaria o una sociedad cuya causa sea el aporte común de bienes o esfuerzos, que está dirigida al logro de un fin, también común.

Jurisprudencia acerca de las Uniones Homosexuales

En este sentido afirma la doctrina Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional del 28 de febrero de 2008, acerca de las uniones homosexuales.:

En consecuencia, si el Constituyente de 1999 optó por proteger al matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer  –como núcleo esencial que da origen a la familia, en el contexto histórico y cultural venezolano-

la extensión de sus efectos a las uniones de hecho –que histórica y sociológicamente también ha sido “núcleo esencial que da origen a la familia” debe exigir, al menos, que estas últimas cumplan con los mismos requisitos esenciales, esto es,

que se trate de uniones estables y monogámicas entre un hombre y una mujer, que éstos no tengan impedimento para casarse, tal como dispuso esta Sala en su fallo 1682/05 que antes se citó, y, se insiste en esta oportunidad, que se trate de una unión que se funde en el libre consentimiento de las partes.

En consecuencia, mal podría pretenderse la equiparación de uniones estables entre personas de un mismo sexo respecto del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando la Constitución no incluyó al matrimonio entre personas del mismo sexo (uniones homosexuales) en los términos del artículo 77 de su texto.

Así, salvo los límites que se expresaron que imponen el orden público y la prohibición de fraude a la ley, nada obsta para la admisión de la existencia, entre dos personas del mismo o de distinto sexo, de una comunidad ordinaria o una sociedad cuya causa sea el aporte común de bienes o esfuerzos, que está dirigida al logro de un fin, también común; como afirma la doctrina:

“lo contrario ciertamente conllevaría a situaciones injustas y que rozarían el límite del enriquecimiento sin causa si alguien ha unido esfuerzos personales y económicos en una comunidad”.

(Vid. al respecto, DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria, “Las uniones concubinarias en la Constitución de 1999”, Revista de Derecho n.° 17, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2005, pp. 230-231).

En consecuencia, la Sala declara que el derecho a la igualdad que recoge el artículo 21 de la Constitución es enunciativo y como tal proscribe cualquier forma de discriminación, incluso por razones de orientación sexual del individuo.

Asimismo, declara que ese precepto constitucional no colide con el artículo 77 eiusdem en lo que se refiere a la protección especial o reforzada que éste establece a favor de determinada categoría de uniones de hecho, pues lo que esta última norma recoge es una discriminación positiva,

protección o mejora que implica una distinción de una situación jurídica frente a otras a la que no son iguales, que fue la opción que eligió el Constituyente, sin que ello constituya, per se,

una discriminación de las que proscribe el artículo 21 constitucional, ni comporta una prohibición, desconocimiento o condena de otras formas de uniones de hecho entre personas –de distinto o uniones homosexuales- cuya regulación, en todo caso, corresponde al legislador. Así se declara.

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