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La utilización de un virus informático para investigar delitos graves roza la frontera de la licitud/ilicitud de la actuación, lo anterior a pesar de que la misma sea autorizada por un juez, ya que siempre es indeseable la idea de combatir la comisión de delitos cometiendo otros, partiendo de la base de que el fin justifica los medios.

Así, que se plantea introducirse de manera tortuosa en un sistema informático no solo puede ayudar a establecer la responsabilidad penal del sospechoso sino que también puede develar la intimidad y los más diversos secretos que pueda tener aquel sospechoso sobre el cual no resulten suficientes elementos de convicción.

Es sobre la afectación de esto último sobre el cual queremos que se centre el análisis, porque de qué manera puede restablecer la confianza perdida al Estado que espió a un ciudadano que en nada tenía que ver con los hechos investigados y que en su momento la policía y el juez pensaron lo contrario.

Por otro lado la discrecionalidad que se le otorgaría a la policía sobre información sensible como por ejemplo contraseñas bancarias que se resguardaban en el sistema informática también incrementan el temor acerca de la utilización de este tipo de técnicas de investigación y por último realmente puede hacerse un control de daños de ese virus que resguarde la información que no se relaciona a la investigación penal o se menosprecia el hecho de que éste pueda afectar una información valiosa para el investigado que responsable o no de la comisión del delito es fundamental para éste.

El anterior juicio, no resulta suficiente para reconocer que las críticas que podamos realizar no van a detener el auge de la utilización de este tipo de métodos ya que las sanciones a pruebas ilícitas se han quedado anacrónicas con respecto a las  formas de investigar en las “nuevas tecnologías”.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com