En cuanto al aumento de penas y reducción de la criminalidad, presenta la cuestión si la creación de leyes o disposiciones con penas más severas e imposibilidad de acceder a quienes sean imputados por determinados delitos a las fórmulas alternativas de cumplimiento de las penas comúnmente llamadas beneficios procesales sean capaces de minimizar los efectos lesivos de la criminalidad, es menester decir que la experiencia nos ha demostrado que es muy poco probable que eso ocurra.
En efecto, se han publicado en este lo que va del milenio varias versiones de la leyes antidrogas, antiextorsión y secuestro, contra el crimen organizado, sin que pueda percibirse o asegurarse por parte de la oficialidad que dichas reformas legislativas de aumento de penas hayan conducido a la reducción de la criminalidad.
Aumento de Penas
La tesis del aumento de penas que se han propugnado a escala global no han logrado demostrar su eficacia bajo un marco metodológico científico, de hecho, los trabajos realizados con rigor metodológico confirman que estos cambios en la legislación son un punto de vista jurídico simbólico más que una estrategia eficaz para controlar la delincuencia y responden simplemente a la demanda pública y no a principios de racionalidad en el marco de la criminología basada en evidencia.
La tasa de encarcelamiento en EE.UU. aumentó durante el período 1980-1991, pese a ello no se redujo el crimen, sino que pareció incrementarlo, por lo que se pone en duda la idea dominante de que el aumento de penas reduce el crimen.
Después de décadas de estabilidad, los Estados Unidos vieron crecer más de cuatro veces su índice de encarcelamiento en los últimos cuarenta años.
En la actualidad, uno de cada cien adultos estadounidenses está en la prisión o en la cárcel.
¿Qué impulsó este aumento en el uso del encarcelamiento y cómo ha afectado esto a toda la sociedad, las comunidades, las familias y los individuos? ¿Ha producido este cambio de la política beneficios significativos o un cambio de curso es necesario?
Para responder estas preguntas, The National Research Council designó un comité de expertos en justicia penal, ciencias sociales e historia para examinar las pruebas.
El comité divulgó sus hallazgos y recomendaciones en el informe titulado El aumento del encarcelamiento en los Estados Unidos de América: Exploración de las causas y las consecuencias (The Growth of Incarceration in the UnitedStates: Exploring Causes and Consequences).
El informe llegó a la conclusión de que el drástico aumento del encarcelamiento no ha podido propor- cionar claramente grandes beneficios para la reducción de los delitos en la nación.
Asimismo, el aumento del encarcelamiento puede haber tenido una amplia gama de consecuencias no deseadas para la sociedad, las comunidades, las familias y los individuos. Los efectos de las duras políticas penales han repercutido más fuertemente en la gente de color y en los hispanos, especialmente en los más pobres.
El informe recomienda que los políticos adopten medidas para reducir la dependencia de la nación en el encarcelamiento.
Según un estudio de datos oficiales para 46 estados de EE.UU. entre los años 1974 a 2002, se demostró que aunque el crecimiento de población de prisión parece estar estadísticamente asociado con una disminución en las proporciones del crimen, cuando los análisis se ajustan a los cambios de la población encarcelada, es el incremento en el número de prisioneros liberados la variable que se asocia significativamente con el aumento de penas y crímenes.
Postulan en este sentido un efecto criminogénico de la prisión previo a la liberación, es decir, durante la estadía del prisionero.
Las contradicciones evidenciadas respecto de las intervenciones políticas para reducir la delincuencia demuestran que en sí no se trata de la creación de nuevas leyes y el aumento de penas sino de la aplicación correcta y sin discriminación del contenido de las leyes existentes.