La lucha contra la corrupción es un pilar fundamental para la transparencia y la probidad en cualquier nación, y Venezuela no es la excepción. En un esfuerzo por reforzar su marco legal en esta materia, la Asamblea Nacional publicó el 2 de mayo de 2022, en Gaceta Oficial n.° 6.699 extraordinario, la nueva Ley contra la corrupción que reforma el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción, la cual había estado vigente desde el 19 de noviembre de 2014.
Esta reforma, que consta de veintiocho artículos, incluyendo una disposición transitoria que indica que los tipos penales serán objeto de codificación y la orden de adaptar su contenido al lenguaje de género, introduce cambios significativos que merecen un análisis detallado.
Ajustes en la Denominación de Delitos y sus Sanciones
La reforma de 2022 trajo consigo no solo modificaciones terminológicas, sino también importantes ajustes en las penas asignadas a ciertos delitos, buscando una mayor severidad en la persecución de los actos de corrupción.
Uno de los cambios más notables se observa en el delito de “Utilidad, ventaja o beneficio económico”. Bajo la ley de 2014, este tipo penal (anteriormente el Artículo 82) sancionaba con prisión de tres (3) meses a un (1) año a los funcionarios que, por sí o por interpuesta persona, se procuraran alguna utilidad o beneficio económico en ocasión de faltas administrativas.
Sin embargo, la nueva ley contra la corrupción (ahora Artículo 87) incrementa drásticamente la pena a prisión de tres (3) a seis (6) años para las funcionarias o funcionarios públicos que incurran en esta conducta. Este es un claro indicio de la intención de aplicar consecuencias más severas.
Para delitos como el de “Enriquecimiento ilícito” (ahora Artículo 53) y “Apropiación o distracción del patrimonio público” (ahora Artículo 59), las penas de prisión se han mantenido igual en el rango de tres (3) a diez (10) años, aunque los números de artículo se ajustaron en la nueva legislación. Estos delitos continúan siendo castigados con rangos de prisión considerables, reflejando su gravedad inherente en la legislación.
Una adición relevante en la nueva ley contra la corrupción es la tipificación específica de la “Promesa de soborno a funcionaria pública o funcionario público de otro Estado” (Artículo 90). Este delito, que busca abordar la corrupción transnacional, contempla penas de prisión de seis (6) a doce (12) años para quien prometa, ofrezca u otorgue beneficios a funcionarios de otros Estados a cambio de favores relacionados con transacciones económicas o de otra índole. Este tipo penal representa una nueva y significativa incorporación al catálogo de delitos, evidenciando una adaptación a los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, la nueva ley introduce o redefine con mayor claridad el delito de “Provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos” por parte de representantes o administradores de personas jurídicas (Artículo 81), con una pena de prisión de dos (2) a diez (10) años.
Esto expande la responsabilidad penal más allá de los funcionarios públicos directos para incluir a actores privados que manejen fondos públicos, aunque en algunos casos la pena mínima pudiera percibirse como una leve disminución en comparación con la pena de apropiación general.
Aspectos Críticos de la Nueva Legislación
A pesar de las reformas y el endurecimiento de ciertas penas, persisten algunas críticas fundamentales a la nueva ley contra la corrupción. Una de las principales preocupaciones es que las penas para los delitos de corrupción, con un promedio que apenas supera los tres años de cárcel en la nueva ley contra la corrupción de 2022, siguen siendo menos severas que las aplicadas a otros delitos como la instigación al odio (10 a 20 años de cárcel), la conspiración (8 a 16 años de presidio), o la asociación para delinquir (hasta 10 años de prisión). Esta disparidad contradice el espíritu del Artículo 271 de la Constitución, que establece la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público.
La percepción de la levedad en la legislación anticorrupción, unida a la ineficacia percibida del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los tribunales, podría contribuir a que estos actos se repitan sin cesar. De hecho, el uso del delito de “traición a la patria” (con hasta 30 años de prisión) en casos de corrupción de alto perfil, según ha anunciado el fiscal general, sugiere que las penas contenidas en la propia Ley contra la Corrupción se consideran insuficientes para la magnitud de algunos desfalcos.
Principales Innovaciones de la Nueva Ley contra la Corrupción
Más allá de los ajustes en las penas, la nueva ley contra la corrupción introduce varias innovaciones importantes que buscan fortalecer la prevención y el control de este flagelo.
En primer lugar, se amplía la definición de “Patrimonio Público” para incluir “todos los bienes, derechos, recursos e instrumentos jurídicos y económicos” y se extiende su alcance a las instancias y organizaciones de base del Poder Popular. También se hace uso del lenguaje de género en todo el articulado.
Una de las adiciones más destacadas es la obligación para el Estado de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas educativas, económicas, jurídicas y de cualquier otra índole para asegurar la prevención, combate y erradicación de la corrupción. Este enfoque programático abre la puerta a la implementación de sistemas de gestión anticorrupción, conocidos como «public compliance», en los órganos de la administración pública.
La ley también moderniza y endurece las regulaciones sobre la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP). Se establece la obligación de que la DJP se elabore y registre en formato electrónico a través de un sistema automatizado bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se exige la actualización anual de la DJP para las máximas autoridades y funcionarios de alto nivel y de confianza, y se enfatiza que la declaración debe ser una “expresión fiel y exacta de la verdad”.
En el ámbito de las sanciones administrativas, la reforma de 2022 marca un cambio significativo: las multas ya no se calculan en Unidades Tributarias (UT) sino en unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, lo que representa un aumento sustancial de su valor real (pasando de 50-500 UT a 100-1000 unidades de la nueva referencia). Además, el tiempo de suspensión sin goce de sueldo para funcionarios infractores se incrementó de doce (12) a dieciocho (18) meses.
En resumen, la nueva ley contra la corrupción de 2022 en Venezuela representa un intento de actualizar y endurecer el marco legal anticorrupción, introduciendo medidas de modernización y prevención, así como el aumento de ciertas sanciones. Sin embargo, persisten interrogantes sobre si estas modificaciones serán suficientes para abordar la magnitud del problema de la corrupción, especialmente cuando se compara con las penas impuestas por otros delitos en el país.