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El Registro de antecedentes penales en Venezuela se regula por la Ley del 3 de agosto de 1979, la cual considera Antecedentes Penales únicamente la existencia de una sentencia condenatoria definitivamente firme, privativa de la libertad.

Para formar el registro de antecedentes penales los Tribunales que dicte la sentencia condenatoria, deberá remitir a la Oficina de Antecedentes Penales del Ministerio de Justicia, copia certificada de la misma dentro de los diez días siguientes a su publicación.

En el Registro de Antecedentes Penales se hará constar para cada condenado por sentencia condenatoria definitivamente firme, los datos de identificación, el delito o falta a que se refiere la sentencia condenatoria, las penas impuestas y el Tribunal que las dictó, reparación de daños a la víctima, pago de costas procesales, lugar o establecimiento penitenciario de cumplimiento de la sentencia condenatoria, conducta penitenciaria, conocimientos y capacidad laboral adquiridos durante el periodo de reclusión, datos sobre exámenes psicológicos y psiquiátricos a que fuere sometido y los datos sobre la personalidad y posibilidades de readaptación social.

El Registro de Antecedentes Penales es secreto y los datos que en él consten sólo podrán ser suministrados a las autoridades públicas, por motivo de la función del proceso penal o por razones de seguridad o de interés social.

Las autoridades policiales o administrativas no podrán expedir certificaciones relativas a las faltas policiales o administrativas de las que hayan conocido, sino únicamente al Ministerio de Justicia, cuando éste lo considere conveniente. Queda prohibido a cualquier empresa o persona, exigir a los particulares, con ocasión de las ofertas de trabajo y en materia relacionada con el reclutamiento laboral, la presentación de los Antecedentes Penales.

En el Ministerio de Justicia funcionará la Oficina de Antecedentes Penales, adscrita a la Dirección de Prisiones, que tendrá a su cargo el Registro de Antecedentes Penales, el cual será supervisado por la Fiscalía General de la República.

La Ley establece una pena de prisión de 3 a 15 meses al funcionario que revele, comunique o publique los datos del Registro de Antecedentes Penales.

Autor: Alberto Jurado aljurado.com