Derecho Procesal Penal

La estafa por fraude procesal es una modalidad agravada del delito de estafa prevista en el artículo 462 del Código Penal venezolano. Consiste en utilizar artificios o maniobras engañosas dentro de un proceso judicial para inducir en error al juez o tribunal y obtener una resolución que cause un perjuicio económico a un tercero y un beneficio injusto para el autor o para otro.

Doctrinalmente, se entiende como la manipulación de pruebas, la simulación de actos jurídicos o cualquier conducta destinada a alterar la verdad procesal, afectando la buena fe y la correcta administración de justicia. El sujeto activo es quien crea el engaño; el sujeto pasivo inmediato es el operador judicial, mientras que el perjudicado final es un tercero afectado por la decisión errónea.

Para que exista fraude procesal deben concurrir elementos como: dualidad entre el engañado (juez) y el perjudicado (tercero), un engaño idóneo, la intención de obtener una resolución específica, el propósito de causar daño, el error judicial y el perjuicio derivado de la decisión.

La figura puede presentarse como delito especial propio, impropio o incluso por omisión. Su bien jurídico protegido abarca la administración de justicia, el patrimonio y la buena fe procesal.

La jurisprudencia venezolana —incluida la Sala Constitucional del TSJ— ha reiterado que el fraude procesal se subsume plenamente en el tipo básico de estafa, configurando una “estafa procesal” o “estafa en triángulo”, donde el sistema de justicia es instrumentalizado para producir un fallo contrario a derecho. Por ello, cuando se detecta, además de la nulidad de las actuaciones, corresponde remitir antecedentes al Ministerio Público para la investigación penal.